Ana María Gazmuri denuncia grave vulneración en contra de un cultivador en Puente Alto esta semana en manos de Carabineros de Chile.

Algo huele mal

El martes 1 de abril por la noche me enteré por twitter que Fernando Rojas, un joven de 24 años, había sido detenido por cultivar en su domicilio dos plantas de cannabis. La alarma la dio un primo, con el que me puse en contacto para conocer más detalles, y la historia con que me encontré resulta ser más que preocupante…

La tarde de ese día, carabineros se presenta en el domicilio de Fernando Rojas, diciendo que había una denuncia de cultivo de cannabis, y sin presentar orden alguna ( primera irregularidad) ingresaron al domicilio, registraron minuciosamente, e incautaron las dos plantas, una pequeña y otra más grande, y se llevaron detenidos a Fernando y a su suegra a la 38 Comisaría de Puente Alto.

Quiero detenerme en este punto un momento sólo para recordar los dichos del Senador Alberto Espina en el Programa El Informante el 11 de junio de 2013: “Si a una persona la sorprenden en su casa con dos matas de marihuana para su uso personal próximo en el tiempo, en Chile eso no es delito”. Cabe destacar que el Senador Espina en su gestión parlamentaria ha puesto especial énfasis en la sanción al tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.

A Fernando lo encierran en un calabozo en la comisaría mencionada durante varias horas, separándolo de su suegra. A pesar de preguntar en reiteradas ocasiones qué pasaría con las plantas y si estas serían pesadas (temiendo que pudieran falsear esos datos, como es sabido que ocurre), no obtuvo ninguna respuesta.

Un par de horas más tarde le avisan a Fernando que dejarían ir a su suegra , cosa que no ocurre, pero que él debía seguir detenido. Siguió en el calabozo, sin que nadie le tomara una declaración, sin que apareciera un fiscal, sin que le permitieran hacer una llamada.

Finalmente, avanzada la noche, lo sacan del calabozo diciéndole que lo van a dejar en libertad según el artículo 26 de la ley 20.000 (artículo que dice relación con la facultad del Ministerio Público para realizar indagaciones y actuaciones en el extranjero, sin ninguna pertinencia en este caso) y que lo llamarán por teléfono para citarlo a Fiscalía.

Al salir del calabozo Fernando ve sus plantas, aún en la Comisaría, pero algo curioso había ocurrido durante las horas que estuvo encerrado; ambas plantas fueron “cosechadas”, todas las flores o cogollos habían sido retiradas de las plantas…

Sale finalmente Fernando de la 38 Comisaría de Puente Alto , sin haber visto a un fiscal, sin comprobante alguno de su paso por allí, sin citación, sin control de detención…y por supuesto sin sus ya cosechadas plantas.

¿Qué pasó aquí? ¿Cuántas irregularidades ocurren en esas breves horas? ¿Cuántos derechos han sido vulnerados en la más completa impunidad?

¿Es que ahora los cultivadores y consumidores de cannabis además de temer la criminalización por parte del Estado deben también temer ser víctimas del “hurto” de sus plantas por parte de Carabineros, suponemos que para su uso personal? (Peor sería suponer que la finalidad de dicho hurto sería la venta, o sea, el tráfico)

Grave situación que es necesario poner en conocimiento de las autoridades pertinentes y de la ciudadanía; confío que denunciar estos hechos que empañan la labor de nuestras policías en algo ayude para que no sigan ocurriendo.

Concluyo citando a ex Directora del Senda Francisca Florenzano en entrevista en revista QuePasa del 20 de marzo del presente año : “En Chile aún hay que avanzar para darle mayor solidez a la despenalización del consumo de cannabis que garantiza la ley 20.000 desde 2.005…tengo la convicción de que la despenalización tiene que tomar una figura mucho más real en Chile.”

Importante sería capacitar entonces a las Policías correspondientes en esa dirección, y tomar las medidas necesarias para que “robos” como el aquí narrado no queden impunes y silenciados; ya suficientes vulneraciones de derechos al “amparo de la ley” sufren hoy cultivadores y usuarios de cannabis, para sumarles además el saqueo policial.

Ana María Gazmuri